Los Presupuestos Generales del Estado 2010 siguen de espaldas a la mayoría Imprimir E-Mail
escrito por Nacho Álvarez   
Aportamos un análisis sobre los presupuestos del Estado para 2010 realizado por un compañero de Economía Crítica. Los Presupuestos del 2010 son austeros pero de corte antisocial, antiecológicos y regresivos, considera el autor.
 
 
 
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2010 SIGUEN DE ESPALDAS A LA MAYORÍA /
Nacho Álvarez



El 10 de noviembre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) iniciaron, gracias al apoyo de PNV y Coalición Canaria, su fase de tramitación final en el Congreso. Estos PGE presentan una particular importancia, dado que van a ser aprobados en el contexto de una durísima crisis económica.

Tres son los desafíos que, desde una perspectiva de izquierdas, deberían enfrentar estos PGE: el primero, levantar un “escudo social” que protegiese a los trabajadores y las clases populares frente a la crisis (garantizando las coberturas por desempleo y el acceso a unos servicios públicos de calidad); en segundo lugar, estos PGE deberían ayudar no sólo a salir de la crisis, sino a hacerlo de forma favorable a los intereses de la mayoría social; y, en tercer lugar, estos PGE deberían constituir un punto de apoyo para la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo (caracterizado fundamentalmente por un nuevo patrón de distribución de la renta y por la sostenibilidad ecológica).

De este modo, con la tramitación de los PGE el gobierno tiene ante sí dos opciones: frenar el proceso de socialización de pérdidas al que asistimos desde que estalló la crisis y atender las urgentes necesidades sociales y ecológicas del país o, por el contrario, seguir gobernando de espaldas a dichas demandas sociales. Parece que el Ejecutivo ha optado por esta segunda opción.

Menos gasto público
El gobierno presenta estos PGE como la cuadratura del círculo. Nos dice que éstos son unos presupuestos austeros, que garantizan la protección social y el cambio de modelo productivo. La primera condición la cumplen. Las otras dos no. La austeridad caracteriza sin duda las partidas de gasto de estos PGE. El gasto público disminuye un 3,9% respecto de los presupuestos del año pasado, y los estímulos fiscales para enfrentar la crisis se reducen de 20.000 a 6.000 millones de euros. Se congelan los salarios de los empleados públicos y sólo se cubrirán el 15% de sus vacantes. El Gobierno opta con ello, a diferencia de otros países de la UE, por una fuerte contención del gasto público, escudándose en la necesidad de cumplir en 2012 los criterios fijados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento impuesto por Bruselas. En un contexto de fuerte descrédito de dicho corsé neoliberal, el Gobierno, en lugar de cuestionar abiertamente el sentido antisocial de dicho pacto, procede a apuntalarlo.

Más del 50% del gasto público irá destinado a gastos sociales (pensiones, vivienda, desempleo...). Sin embargo, dado el tremendo impacto de la crisis laboral y social que vive actualmente la economía española, la tímida consolidación de estas partidas de gasto no va a garantizar el “escudo social” al que anteriormente se aludía (valga como ejemplo el hecho de que, a día de hoy, un millón y medio de desempleados no cobran prestación alguna).

Al mismo tiempo, el gasto público en infraestructuras se reduce un 2,4% y el gasto en I+D+i lo hace un 3,1%. Además, estas partidas de gasto se concentran de nuevo en megaproyectos “productivos”, desatendiéndose la necesaria transición ecológica de la economía (que debería pasar por una fuerte reducción de las emisiones de dióxido de carbono y por el fomento de la rehabilitación inmobiliaria).

Por otro lado, estos PGE traen consigo una reforma fiscal caracterizada por su regresividad. El Gobierno prevé un aumento de los ingresos del Estado de casi 6.000 millones de euros, fruto del aumento del IVA, y del incremento del Impuesto sobre las rentas del Ahorro (desde el 18% hasta el 21%). Ambas medidas presentan un claro componente regresivo: los impuestos sobre el consumo los pagan personas con niveles de renta muy distintos, mientras que las rentas del ahorro sujetas al segundo de los impuestos se corresponden fundamentalmente con rentas de los asalariados (las grandes fortunas mantienen sus ahorros en las SICAV, cuyas plusvalías siguen tributando al 1%).

Así, el Gobierno presenta unos presupuestos antisociales, regresivos y antiecológicos, que no cubren los principales desafíos a los que inicialmente se aludía: se renuncia a fortalecer el gasto social como escudo ante la crisis para la mayoría de la población, se descartan inversiones públicas que sienten las bases de un nuevo modelo productivo, y se refuerza el carácter regresivo de la estructura impositiva.

Unos presupuestos alternativos, coherentes con gobernar a favor de los intereses de los trabajadores, podrían ser financiados, por ejemplo, mediante una subida de los tramos más altos del IRPF, la restauración del impuesto sobre patrimonio, la instauración de un impuesto sobre las grandes fortunas, elevando el gravamen de las plusvalías de las SICAV, eliminando las exenciones del impuesto de sucesiones y donaciones o combatiendo el elevado fraude fiscal.

Sin embargo, los actuales PGE optan por mantener una continuidad con las anteriores medidas del gobierno frente a la crisis: contribuyen al proceso de socialización de las pérdidas y dificultan una salida beneficiosa para los intereses de la mayoría social. La ministra Salgado declaraba recientemente que la política de izquierdas “se puede hacer con el gasto, no con los ingresos”. Parece que el Gobierno renuncia –por convicción ideológica y por miedo al enfrentamiento con la patronal– a hacer política de izquierdas tanto con los gastos como con los ingresos. Se constata con ello, una vez más, su deriva liberal plegada a los dictados de Bruselas.

Nacho Álvarez (Investigador del Departamento de Economía Aplicada I, UCM.)

Fuente del artículo:
http://www.diagonalperiodico.net/Presupuestos-regresivos-y.html
 
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