“El 29-S debe ser un punto de inflexión que impulse un nuevo ciclo de removilización popular” Imprimir E-Mail
escrito por Periódico Diagonal   

 Image Entrevista realizada por el periódico Diagonal a Nacho Álvarez, investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la huelga general convocada para el 29 de septiembre y sobre los futuros escenarios que dicha movilización pueda posibilitar.

 

DIAGONAL: ¿Qué motivos han llevado a los sindicatos mayoritarios a convocar la huelga el 29-S? ¿Qué se defiende  convocando esta huelga y para qué debe servir?

NACHO ÁLVAREZ: Las direcciones de CC. OO. y UGT estuvieron acompañando las medidas de Zapatero durante el primer año y medio de crisis, sin plantear una línea de fractura nítida con la orientación del gobierno. Sin embargo, la profundización del gobierno en sus políticas de ‘contrarreforma’ para salir de la crisis –recortes salariales, reforma laboral, etc.– ha puesto contra las cuerdas a las propias direcciones sindicales. La reforma laboral abarata el coste del despido, expande el margen de maniobra de las ETT, amplía las posibilidades de contratación precaria y facilita la inaplicación y descuelgue salarial de los convenios. Así, las direcciones sindicales, incluso a su pesar en algunos casos, se han visto obligadas a desmarcarse de esta orientación de ataque contra los trabajadores y a convocar la huelga general, dado que la reforma laboral del gobierno no sólo supone un ataque intolerable contra los trabajadores, sino que cuestiona el propio papel social y la supervivencia misma de las organizaciones sindicales, al dinamitar la negociación colectiva.
No obstante, más allá de la orientación mantenida por las direcciones sindicales, esta huelga general es de vital interés para los trabajadores y para el conjunto de las clases populares: es necesario parar la enorme ofensiva que la crisis ha desatado contra las condiciones de vida de la mayoría de la población –despidos masivos, recortes salariales, reducción de los gastos sociales, desregulación del mercado de trabajo y abaratamiento del despido, reforma del sistema de pensiones, etc.–. Es mucho lo que se puede perder si no se hace la huelga, y si no se da una respuesta adecuada estas medidas se endurecerán.
Además, esta huelga no se hace para favorecer a la derecha, por un lado, o a determinados sindicatos, por otro, sino que se hace precisamente para enfrentarse a las políticas de derechas del gobierno del PSOE y para evitar perder más derechos. Si una fuerte protesta social no lo impide, esta ofensiva –basada en socializar las pérdidas de la crisis económica, pero no los beneficios– proseguirá los próximos años. Esta huelga general debería servir para marcar un claro punto de inflexión en la desmovilización política y sindical, permitiendo sentar las bases de un nuevo ciclo de contestación popular. En ese sentido, apoyar la convocatoria impulsando una amplia movilización unitaria y plural –tanto del mundo del trabajo como del conjunto de la ciudadanía– es de
vital importancia. No sólo las organizaciones sindicales y políticas deben ponerse manos a la obra; también los movimientos sociales tienen una responsabilidad en su ámbito de trabajo.

D.: ¿Cuáles son las dificultades de esta convocatoria de huelga general? ¿Existen diferencias con anteriores huelgas del periodo democrático?

N.A.: La convocatoria de esta huelga presenta una serie de debilidades que han de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar el trabajo de preparación y movilización. El hecho de que CC. OO. y UGT permaneciesen en la mesa de negociación con el gobierno hasta días antes de convocar la huelga del pasado 8 de junio, junto con el fracaso de dicha convocatoria, ha lastrado la respuesta social desde entonces. Esta situación ha llevado a una complicada gestión del tiempo de la convocatoria, con el retraso de la jornada de huelga a después del verano. Este retraso –en ausencia de iniciativas sindicales visibles para preparar la huelga– se ha traducido en un enfriamiento de la convocatoria.
Además, la aprobación de la reforma laboral antes del 29-S puede llevar a que no se perciba la huelga como un instrumento útil para frenar la ofensiva del gobierno. El contexto sociolaboral y de crisis económica tampoco acompaña en la preparación de la huelga: el fuerte desempleo y el miedo a ser despedido dificultan la acción sindical –resultará decisiva en este sentido la presencia de los piquetes–; además, la desreglamentación laboral de la última década ha modificado profundamente los centros de trabajo, sustituyendo los espacios laborales homogéneos y densamente poblados por una multiplicidad de relaciones atomizadas –subcontrataciones, empleo temporal, etc.–.
Por último, la política de concertación y negociación seguida por las grandes centrales sindicales durante los últimos años ha gripado el propio mecanismo de la acción sindical en los centros de trabajo: los delegados no están acostumbrados al trabajo de base, la convocatoria de asambleas es muy limitada, etc. Así, algunas voces sitúan en estas dificultades, importantes diferencias con anteriores huelgas generales.
Sin embargo, hay que recordar que las anteriores convocatorias también presentaban importantes dificultades previas, que fueron superadas total o parcialmente. Por ejemplo, también la huelga de 2002 se convocó con “el decretazo” ya aprobado, y aun así el gobierno de Aznar se vio forzado a retirar los aspectos más conflictivos de la ley. Además, en esta ocasión la dimensión del ataque contra las condiciones de vida de la mayoría de la población tiene una magnitud enorme.
Debemos ser conscientes de que la huelga actual se desarrolla en un contexto –como reflejan las últimas encuestas– de enorme descontento popular con las medidas del gobierno de Zapatero. La clave del éxito radica en ver si será posible transformar este descontento popular en protesta social el día de la convocatoria. Existen algunos puntos de apoyo en este sentido: hay que explicar, frente al desánimo y la desmovilización, que sólo parando el 29-S podremos detener la ofensiva del gobierno contra nuestras condiciones de vida y que –tal y como demuestra la pelea de los trabajadores del metro de Madrid– sólo la contestación social puede evitar que estas medidas sigan recayendo sobre los trabajadores.

D.: ¿Qué orientación sindical debería tener la convocatoria del 29-S?

N.A.: En primer lugar, la convocatoria de huelga no debería limitarse a cuestionar la reforma laboral, sino que debe avanzar hacia una oposición generalizada a las políticas de ajuste del gobierno. Es importante impulsar una acción sindical y política que unifique la protesta de los asalariados con la de los parados, pensionistas, la población laboralmente no activa, etc. Es decir, es importante trascender la dimensión laboral de la huelga general y avanzar hacia la construcción de un movimiento político de contestación a las políticas de ajuste.
En segundo lugar, y en la medida en que las contrarreformas de la patronal y del gobierno van a proseguir durante los próximos años, debe planificarse la continuidad de la acción sindical y la protesta social. El 29-S debe ser un punto de inflexión que
impulse un nuevo ciclo de removilización popular.
En tercer lugar, es importante apostar por la dimensión internacionalista de la protesta. El 29-S será una jornada europea de protesta sindical, y en este sentido puede ser una buena palanca de apoyo. Es necesario avanzar hacia una coordinación europea de las distintas luchas sindicales y sociales contra las políticas de los gobiernos y de Bruselas. La falta de solidaridad que la Confederación Europea de Sindicatos ha demostrado con los sindicatos y trabajadores griegos es un enorme error que debe ser superado, dado que sus problemas también son los nuestros.
En cuarto lugar, el éxito o fracaso de la convocatoria dependerá de su visibilización en la calle; es fundamental por tanto recordar la importancia de parar los sectores clave de la economía –comunicación, transporte, servicios públicos…–, la prioridad de preparar una masiva manifestación, así como la necesidad de incorporar sectores no laborales a la convocatoria (asociaciones de vecinos, movimientos sociales, etc.).
Por último, debe servir también para avanzar en la construcción de un nuevo sindicalismo. Es importante analizar las negativas consecuencias que en términos de movilización y capacidad reivindicativa han tenido las políticas de diálogo social, concertación y moderación salarial de estos últimos 15 años. Hace falta situar de nuevo el conflicto de intereses y el antagonismo social en el centro de la acción sindical. Más allá de siglas particulares, es necesario impulsar –tanto desde los sindicatos mayoritarios como desde los minoritarios– espacios de intervención plurales, amplios y unitarios, basados en la propia organización de los trabajadores, la participación, la horizontalidad y la democracia.

D.: La prensa anuncia cada cierto tiempo una recuperación de la economía; en caso de que se produzca algo parecido ¿en qué se basa esta supuesta recuperación?, ¿qué medidas podrían tomarse para hallar una salida de la crisis que no ensanche la brecha social que se ha desvelado en el último ciclo?

N.A.: La recuperación de la crisis aún no se ha producido, y todavía tardará algún tiempo –seguramente más del que la prensa recurrentemente anuncia–. Existen distintas “salidas de la crisis” posibles, y no todas beneficiosas para los trabajadores. Un escenario posible, en caso de que la movilización popular no se imponga, sería el de una recuperación de la rentabilidad empresarial y bursátil sostenida en la profundización de los recortes salariales y en la progresiva demolición de las principales conquistas sociales. Este escenario podría ser perfectamente compatible con el enorme desempleo que ahora existe en la economía española, así como con la continuidad de un modelo productivo ecológicamente insostenible.
Sin embargo, la movilización social puede cortocircuitar esta posible “salida de la crisis” –que, en definitiva, no sería más que una huída hacia adelante–: si existiese la suficiente fortaleza sindical y social, otra alternativa política sería viable. Así, una reforma fiscal progresiva permitiría contar con suficientes fondos públicos para impulsar el empleo en los servicios sociales básicos –dependencia, salud, educación…–, así como para iniciar la reconversión ecológica de la economía –descarbonización del aparato productivo, rehabilitación inmobiliaria…–, que también crearía un gran número de puestos de trabajo.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial no sólo permitiría disminuir el desempleo e impulsar la demanda  agregada, sino que también facilitaría un modelo de redistribución de la renta más igualitario. La apuesta por una banca pública permitiría que las ayudas que se han prestado a los bancos se tradujesen realmente en crédito a los sectores que más lo necesitan.
Además, medidas anticíclicas como la prohibición de los despidos en empresas con beneficios, o el incremento del salario mínimo a 1.200 euros –como en algunos países europeos–, ayudarían a recuperar la demanda agradada y a reducir

 

 NOta del CdR de ECCE: Recomendamos al mismo hilo, escuchar la entrevista de radio realizada a otro companiero de Economía Crítica, Lluis Rodríguez del ICEA

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